Este Sr, Miguel Vargas maldonado es candidato muy fuerte para ser presidente de Republica Dominicana.. si el Actual presidente no busca la reeleccion,es muy probable que MV sea el proximo presidente.
A continuacion una serie de reportajes sobre este atraco. sumamente interesante,leanlo con calma que parece de pelicula.
Muy Interesante.
el futuro presidente de RD con Carlos Sanchez.
Revelan los vínculos en República Dominicana de la estafa española conocida como 'Caso Marbella'
Clave y Clave Digital empiezan la publicación de una serie de reportajes sobre transacciones conjuntas de influyentes personalidades dominicanas, del mundo político y empresarial, vinculadas a los negocios que en los años noventa inició Carlos Sánchez, uno de los principales imputados por fraude en España.
SANTO DOMINGO, DN.-El 21 de agosto de 2002, el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, y el conocido empresario Roberto Prats, presidente de la sociedad panameña Jampi Investments S.A, firmaron un contrato de concesión por 50 años, de la zona turística de Samaná, que incluía el usufructo de la marina, Cayo Levantado y el Hotel Cayacoa.
En su calidad de concesionario Jampi se comprometió a hacer inversiones durante los primeros cinco años por valor de US$200 millones y a realizar trabajos que incluían la renovación del frente marino y su paseo actual, el dragado y remodelación del puerto existente, así como la construcción de la marina deportiva.
Adicionalmente, la concesionaria recibió en venta pura y simple 500 mil metros cuadrados de terreno en el área circundante a la marina, donde desarrollaría centros comerciales, instalaciones deportivas, villas y apartamentos.
Como compensación se comprometió a pagar en obra el saneamiento de la desembocadura del río y el drenaje de aguas, una estación de autobuses y el rescate y acondicionamiento de 250 metros lineales de playa frente a La Aguada.
El presidente Hipólito Mejía sometió el proyecto de concesión al Senado el 22 de enero de 2003 y fue leído en la sesión del 27 del mismo mes.
Fue remitido por el presidente del Senado a la Comisión de Turismo, que presidía el senador por Samaná, Ramiro Espino.
Mientras seguía el proceso de aprobación del contrato, el empresario Roberto Prats negociaba la incorporación al proyecto de un grupo inversor norteamericano representado por el presidente de una compañía domiciliada en Miami, con inversiones en zona franca en San Pedro de Macorís.
Pero los inversionistas se retiraron de la negociación porque los representantes de Jampi Investment no lograron justificar el otorgamiento de la concesión y por haber recibido otras informaciones sobre la conocida y accidentada actividad del "conocido y prestigioso empresario” Roberto Prats.
Se recuerda que en diciembre del 2005 el juez James Lawrence King, del Distrito Sur de la Florida, ordenó la detención de Prats para que compareciera al tribunal.
Todavía en agosto de 2003, la Coordinadora de la Comisión de Avalúos de la SEOPC, dirigía una comunicación al director legal de la entidad estatal, en relación con la "…probabilidad de disponibilidad de terrenos en las cercanías del Malecón de Samaná adquiridos por el Estado”, que comenzaba diciendo: "…Cortésmente, estamos remitiendo lo indicado en el asunto y descrito en el anexo, cumpliendo sus instrucciones verbales a interés del Sr. Roberto Prats…” indicando que la probabilidad de área disponible para el proyecto en el entorno de la Marina se reducía a 135,616.91 metros cuadrados.
Paralelamente a esto, por oficios 3581 del 5 de noviembre de 2002 y 17510 del 3 de marzo del 2003, el Poder Ejecutivo aprobó el arrendamiento del Hotel Cayo Levantado a Oscar Cañizares, quien a su vez tenía un contrato con la empresa Halcón Travel
Además, un grupo francés remitió al Poder Ejecutivo una propuesta en la que solicitaba la concesión de la Marina por un plazo de 20 años.
Carlos Sánchez en acción
El Poder Ejecutivo desconoció finalmente los contratos propuestos por Vargas y Prats, y separó la concesión del área turística de La Marina del arrendamiento de los Hoteles Cayo Levantado y Cayacoa. El 2 de mayo del 2003 la estatal Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphoteles) firmó un contrato de arrendamiento con Greco Development Corporation, empresa dominicana adquirida por Carlos Sánchez, el 7 de abril, con la finalidad exclusiva de materializar esta operación. Sánchez es el principal imputado en el fraude de Marbella.
El contrato de arrendamiento se estableció por un período de 30 años con un pago anual de US$160,000 o US$13,333 mensuales.
La operación de Greco Development Corporation se instrumentó a través de las compañías Hermanos García Gómez, Jeasa, Hotelera Bahía del Mediterráneo, Goya 15 Proyectos Inmobiliarios y CCF21 Negocios Inmobiliarios, todas ellas representadas por Andrés Lietor Martínez, implicado en el escandaloso caso español.
El nuevo domicilio social se fijó en la avenida Sarasota 36, Plaza Cury, Suite 202, donde hasta hoy mantiene sus oficinas Angel Sanchez Hernández, hermano de Carlos Sánchez.
Los nuevos ejecutivos de la compañía eran: Carlos Sánchez Hernández (Presidente), Angel Sánchez Hernández (Vicepresidente), Andrés Lietor Martínez (Secretario) y Juan Tomás Estrella Duvergé (Comisario).
En 2004, Sánchez y sus socios, sin haber concluido los trabajos de remodelación ni cumplido con los compromisos asumidos, vendieron al prestigioso, conocido y tradicional Grupo Empresarial Piñeiro el 60% de la sociedad concesionaria, Carlos Sánchez mantuvo el 40%. Con la aparición de las noticias sobre Carlos Sánchez, Piñeiro ha exigido desvincularse del grupo y para ello ha adquirido el 40% restante.
La compra del Hispaniola
En marzo de 2001, la compañía Palmeras Comerciales S.A., una sociedad constituida el 6 de septiembre de 1999, entonces presidida por José Miguel Neder Caretini, adquiere el hotel Hispaniola al Banco Central por US$16.5 millones (RD$515,000,000).
Neder Caretini es un empleado de la máxima confianza del ex secretario de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado, quien utilizándolo como testaferro pretendía burlar la disposición emitida el 21 de agosto de 2000 por el entonces Presidente Hipólito Mejía, al inicio de su gobierno, por la que quedaba prohibido "que las empresas propiedad de funcionarios o sus familiares participen en contratos o actividades comerciales con el Estado”.
El Hotel Hispaniola fue adquirido por el Banco Central el 5 de junio 1973 como dación en pago y era operado por la empresa Corporación de Hoteles del Central Romana mediante un contrato de arrendamiento por 50 años
En 1998, el Banco Central decidió deshacerse de todos los inmuebles que poseía y ofreció ese hotel a la empresa Corporación de Hoteles que, por escrito, rechazó la oferta y autorizó la venta pese a que solo había agotado la mitad del periodo de arrendamiento.
El precio de venta fue ampliamente discutido públicamente, bajo la acusación de que se había producido una venta subvaluada.
El periódico Hoy, en su edición del 28 de marzo de 2001, recogía declaraciones del presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (APROCOVI), José Martínez Burgos, en el sentido de que solamente los terrenos del Hotel Hispaniola tenía un valor de US$16 millones.
Incumplimientos de pago.
La forma de pago al Banco Central, preveía un desembolso inicial de US$4 millones, y el resto del precio mediante saldos semestrales. El pago inicial se realizó con el dinero aportado por CIRSA, el arrendatario del Casino Hispaniola, para obtener la extensión y renovación del contrato de arrendamiento, sin suponer desembolso alguno para el adquiriente.
En contra de lo previsto, el pago de los US$ 12.5 millones restantes se realizó mediante la dación en pago, suscrita el 20 de junio de 2003, de las parcelas números 3936, 4075 y 4076, del Distrito Catastral número 7, de la Sección El Limón, Municipio de Samaná,
propiedad de Inversiones Inmobiliarias Harna, representada por su presidente Miguel Octavio Vargas Maldonado.
En esta negociación Vargas Maldonado se sirvió de Ramón Sánchez, un empleado del Banco Central que trabajaba “prestado” en la Secretaría de Estado de Obras Públicas. El Banco Central estaba representado por Rafael Urbáez, director de PROAGRA.
El motivo principal de la venta por parte del Banco Central era la enajenación de activos, por lo que sorprende que se aceptara como forma de pago nuevos activos y no dinero líquido.
Terrenos en Dación en Pago
Los terrenos, fueron adquiridos el 18 de julio de 2000, por un valor declarado cercano al millón de pesos. A la vista de los intermediarios participantes en esta operación, se está investigando quién es el verdadero propietario de esos terrenos.
Con una extensión superficial de 577,797.82 metros cuadrados, fueron recibidos por el Banco Central a razón de US$20 m2 por un valor total de US$11,555,956 (RD$372,230,000), sin tener en cuenta el informe de tasación de los ingenieros Ernesto Aquino y Luis Jiménez ambos pertenecientes al Banco Central, que recomendaron recibir los terrenos al precio de US$8 m2. Recibidos finalmente por el valor antes indicado con una sobrevaluación en perjuicio del Estado que supuso pérdidas por valor de de US$7,500,000 (RD$241,500,000).
En febrero de 2004, la directora de PROAGRA, Martha Esther Rodríguez Tejada, solicitó a la Subsecretaría de Estado de Áreas Protegidas y Biodiversidad una certificación para determinar si los terrenos estaban o no en área protegida. Ante la ausencia de respuesta, el gobernador del Banco Central, José Lois Malkum, remitió una segunda comunicación reclamando la información solicitada.
En respuesta a estas dos comunicaciones la Subsecretaría de Areas Protegidas y Biodiversidad, explicó que de los aproximadamente 577,000 m2 de las tres parcelas, unos 320,343 m2, aproximadamente el 56% de los terrenos entregados, pertenecen al Parque Nacional de Cabo Cabrón según el artículo 34 de la Ley 64-00, de 18 de agosto de 2000. En virtud de esta inclusión, la ley impide vender, comprar, o realizar intervención que altere los ecosistemas de la zona.
La solución mediante ley
El problema se subsanó mediante una operación de recalificación de terrenos, instrumentada a través de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, Nº 202-04, aprobada el 3 de agosto de 2004, sólo trece días antes del cambio de Gobierno.
Por esta ley se excluyeron los terrenos del Parque Nacional de Cabo Cabrón, se modificó la clasificación de Bahía de las Aguilas y del Parque Nacional del Este.
En este último se levanta la protección de una franja de terreno limitada por la línea de costa desde la parcela excluida por el Decreto Nº 2132 de 21 de junio de 1976, donde actualmente se encuentran Bayahibe y las principales instalaciones hoteleras del área, hasta El Peñón, al sur de Palmillas, y una línea paralela a un kilómetro tierra adentro.
Dentro del área excluida se encuentra la parcela 20 B, donde casualmente Carlos Sánchez y sus socios también tienen importantes inversiones en terrenos.
Tras su adquisición por parte de Palmeras Comerciales del Hotel Hispaniola, se firmó una extensión del contrato de arrendamiento del Casino Hispaniola al Grupo Cirsa, con lo que se llegó a obtener los fondos para el desembolso inicial al Banco Central.
Los accionistas de Palmeras Comerciales deciden poner en venta el hotel; Carlos Sánchez forma un grupo inversor que adquiere la sociedad, de manos de Miguel Vargas, por US$23 millones, la gran mayoría en efectivo y una parte por canje de activos, entre ellos varias obras de arte. El contacto entre ambos fue Francisco Alvarez de Eulate, prestigioso empresario español afincado en la República Domincana y presidente de la empresa Desarrollo de Construcciones Alvarez S.A. (DECONALVA S.A), especializada en el área turística, que realiza los trabajos de remodelación y ampliación de los hoteles Cayo Levantado y Cayacoa.
Los nuevos accionistas de Palmeras Comerciales son Juan José Hidalgo Acera (Presidente de Globalia, compañía que agrupa entre otras las compañías Air Europa y Halcón Viajes), Inversiones CCF, S.A., Greco Development Corporation S.A., CCF21 Negocios Inmobiliarios S.A., Rivoire y Carret Española S.L., y Carlos Sánchez Hernández, representados todos ellos por Angel Sánchez Hernández, hermano de Carlos. El Consejo de Directores de la Sociedad está compuesto por Juan José Hidalgo Acera, Presidente, Carlos Sánchez Hernández, Vicepresidente, ambos representados por Angel Sánchez Hernández quien además ocupa la posición de Secretario del Consejo.
CLAVE supo que el interés principal de los adquirientes era la recalificación de los terrenos para el uso inmobiliario del solar donde se encuentra localizado el hotel. Esto no fue posible debido a una cláusula de penalidad en el contrato de arrendamiento del casino por un importe superior a los US$14,000,000.
La operación se enmarca dentro de una estrategia que contemplaba el interés de adquisiciones como la del Prado Grand Hotel y la negociación iniciada con Central Romana para la posible adquisición del hotel Santo Domingo, asistidos por un ex secretario de Turismo, y su joven yerno, con el fin de lograr la propiedad de solares en el malecón para desarrollo de proyectos inmobiliarios. Fuentes del sector estiman que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado obtuvo en la operación plusvalías en torno a los US$20,000,000, lo que equivaldría, según lacotización actual del dólar a RD$644,000,000.
Miguel Vargas/Influyente político y empresario
Miguel Vargas Maldonado es un influyente político, aspirante a la nominación presidencial para las elecciones del 2008, por el Partido Revolucionario Dominicano.(socialistas)
En la administración del presidente Hipólito Mejía (2000-2004), fue secretario de Estado de Obras Públicas.
En las elecciones congresionales y municipales de 1998 aspiró a la nominación a síndico del Distrito Nacional, por el PRD, y mantuvo una contienda mediática con Eligio Jáquez por la candidatura.
Ese enfrentamiento obligó al doctor José Francisco Peña Gómez a ocupar la candidatura a síndico, pero falleció seis días antes de las elecciones.
A Vargas se le tiene como uno de los políticos más acaudalados del país. Antonio Rubio, periodista de El Mundo, escribió que Miguel Vargas se postula como uno de los candidatos más firmes a la presidencia en el 2008, y que “ha visitado con frecuencia España y el domicilio de Carlos Sánchez”.
US$40 millones/Otros negocios de Roberto Prats
El 12 de febrero del 2003 Vargas Maldonado remitía al presidente de la compañía Contratos de Obras y Agrícolas CxA, Roberto Prats, el Oficio 2058, mediante el cual instruía al Administrador del Banco de Reservas para la apertura de una Carta de Crédito irrevocable y confirmada por un monto de US$40 millones (RD$1,288,000,000), para que con esas facilidades Prats procediera a la construcción de más de quince obras adjudicadas grado a grado por la SEOPC.
De esa carta de crédito se desembolsó el 50% de las cantidades previstas pero ninguna de las obras fue concluida. Al llegar a la SEOPC el secretario Manuel de Jesús Pérez Gómez se ordenó una investigación de las obras comprometidas.
No obstante, el 10 de agosto de 2005, el empresario Roberto Prats dirigía una comunicación a Pérez Gómez que reiteraba sendas comunicaciones de fechas 1 de octubre y 13 de diciembre de 2004, solicitando que “…debido a que están pendientes de desembolso los US$20,000,000, o sea el 50% de los recursos aprobados, solicitamos interponer sus buenos oficios a fin de que se aperturen… cuatro cartas de crédito por valor de US$5,000,000 (RD$161,000,000) y vencimiento futuro, pagaderas bimestralmente a partir de la fecha de vencimiento de la primera...”
CLAVE supo que en estos momentos está en curso una auditoría para esclarecer el estado de las obras adjudicadas.
PROAGRA indagó un préstamo de BANINTER de una HIPOTECA
En mayo de 2004 Martha Rodríguez Tejada, directora del Programa de Administración y Gestión de Realización de Activos (PROAGRA), se dirigió a los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter, para solicitar información en relación con un préstamo de la compañía Inversiones Alberique S.A., traspasado al Banco Central mediante el Contrato de Cesión de Créditos y Dación en Pago, firmado con Baninter el 4 de julio de 2003.
El préstamo estaba garantizado con una línea de crédito con hipoteca inscrita sobre la Parcela No. 4076, del Distrito Catastral No 7 del municipio y provincia de Samaná, propiedad de Inversiones Harna.
En vista de que el inmueble anteriormente señalado fue recibido en dación en pago por el Banco Central, éste último manifestaba su interés de que “se nos confirme si las obligaciones de pago contraidas con el Banco Intercontinental, S.A., por Inversiones Alberique S.A., en virtud del contrato de préstamo anteriormente señalado, se encontraba garantizado con una línea de crédito, aprobada hasta el monto de un millón ochocientos mil dólares de los Estados Unidos (US$1,800,000), y que solo se utilizó como préstamo la suma de setecientos cincuenta mil dólares..
Continua...
.Creo que la gran mayoria del pueblo dominicano no sabe quizas de estas cuestiones,si no seria para pensarselo.
